El 50
aniversario del golpe militar, por la violencia que implicó, ahora debidamente
aclarada por la Comisión Nacional de la Verdad, no puede dejar indiferente a
ningún ciudadano honesto. Importa señalar claramente que el asalto al poder fue
un crimen contra la constitución y una usurpación de la soberanía popular,
fuente del derecho en un Estado democrático. El primer Acto Institucional del
9/4/1964 negó este principio de la soberanía popular al declarar que “la
revolución victoriosa como Poder Constituyente se legitima por sí misma”.
Ningún poder se legitima por sí mismo; lo hacen solo los dictadores, que
pisotean cualquier derecho. El golpe militar configuró la ocupación violenta de
todos los aparatos del Estado para, desde ellos, montar un orden regido por
actos institucionales, por la represión y por el Estado de terror.
Bastaba
sospechar que alguien era subversivo para ser considerado como tal. Incluso
detenidos y secuestrados por equivocación, como inocentes campesinos, fueron
maltratados y torturados. Muchos no resistieron y su muerte equivale a un
asesinato. No debemos dejar en el olvido a los 246 campesinos muertos o
desaparecidos entre 1964-1979. Y ahora se está descubriendo la eliminación de
muchos indígenas, considerados una traba para el crecimiento económico. Sobre
algunos de ellos fueron lanzadas bombas de napalm.
Lo que
los militares cometieron fue un crimen de lesa patria. Alegan que se trataba de
un estado de guerra, una parte queriendo imponer el comunismo y la otra
defendiendo el orden democrático. Esta alegación no se sostiene. El comunismo
nunca representó entre nosotros una amenaza real pues cualquier manifestación
en este sentido fue brutalmente reprimida, no sin el apoyo de la CIA
norteamericana. En la histeria del tiempo de la guerra fría, todos los que
querían reformas en la perspectiva de los históricamente condenados y ofendidos
–las grandes mayorías obreras y campesinas– eran pronto tachados de comunistas
y de marxistas, aunque fuesen obispos como el insospechable dom Helder Câmara.
Contra
ellos no solo había vigilancia, sino para muchos persecución, prisión,
interrogatorio humillante, el pau-de-arara feroz, los ahogamientos
desesperantes. Los “suicidios” alegados malamente camuflaban el puro y simple
asesinato. En nombre del combate contra el peligro comunista, se asumió la
práctica comunista-estalinista de la brutalización de los detenidos. En algunos
casos se incorporó el método nazi de incinerar cadáveres como admitió el
ex-agente del Dops de São Paulo, Cláudio Guerra. Causa espanto y hasta
constituye un problema filosófico la falta de remordimientos que el coronel
reformado Paulo Magalhães manifestó recientemente a la Comisión Nacional de la
Verdad por haber actuado en la Casa de la Muerte de Petrópolis, haber
torturado, asesinado, mutilado cadáveres y haber ocultado el cuerpo del
diputado Rubens Paiva. Rudolf Höss, comandante del campo de exterminio nazi de
Auschwitz, que según los propios cálculos de su autobiografía mandó a las
cámaras de gas a cerca de un millón de judíos, tampoco mostraba ningún
arrepentimiento. Se divertía disparando al azar sobre los prisioneros y lloraba
como un niño al llegar a casa y saber que su pajarito preferido había muerto.
Es el misterio de la iniquidad.
El
Estado dictatorial militar, por más obras que haya realizado (“el milagro
económico” fue una apropiación de solamente el 10% de la población, los más
ricos, en el marco de un espantoso derroche salarial), hizo retroceder política
y culturalmente a Brasil. Expulsó u obligó a exiliarse a nuestras más
brillantes inteligencias y a nuestros artistas más creativos. Ahogó a líderes
políticos y dio ocasión a la aparición de súcubos que, oportunistas y
desprovistos de ética y de brasilidad, se vendieron al poder dictatorial a
cambio de beneficios que iban desde estaciones de radio a canales de
televisión. Muchos de ellos están ahí, políticamente activos y ocupando altos
cargos de la administración del Estado democrático.
Los que
dieron el golpe de Estado deben ser responsabilizados moralmente por ese crimen
colectivo contra el pueblo brasilero, como varios juristas lo están pidiendo.
Los militares se imaginan que fueron ellos los principales protagonistas de
esta hazaña nada gloriosa. En su indigencia analítica, mal sospechan que fueron
de hecho usados por fuerzas mucho mayores que las suyas. Lo dijo recientemente
Tarso Genro, gobernador de Rio Grande do Sul, en una entrevista al Boletín
Carta Mayor (30/3/2014): “Los militares no se apropiaron directamente del poder
para ellos mismos. Fue un proyecto político de los sectores más conservadores y
reaccionarios (burguesía nacional y los latifundistas) que tuvieron en las
fuerzas armadas un apoyo y un protagonismo muy grande”.
René
Armand Dreifuss escribió en 1980 su tesis de doctorado en la Universidad de
Glasgow con el título: 1964: La conquista del Estado, acción política, poder y
golpe de clase (Vozes 1981). Se trata de un libro de 814 páginas 326 de las
cuales son copias de documentos originales. A través de estos documentos queda
demostrado que lo que hubo en Brasil no fue un golpe militar, sino un golpe de
clase con uso de la fuerza militar.
A
partir de los años 60 del pasado siglo, se formó el complejo IPES/IBAD/GLC.
Explico: el Instituto de Pesquisas y Estudios Sociales (IPES), el Instituto
Brasilero de Acción Democrática (IBAD) y el Grupo de Levantamiento y Coyuntura
(GLC). Conformaban una red nacional que difundía ideas golpistas, compuesta por
grandes empresarios multinacionales, nacionales, algunos generales, banqueros,
órganos de imprenta, periodistas, intelectuales, la mayoría listados en el
libro de Dreifuss. Lo que los unificaba, dice el autor «eran sus relaciones
económicas multinacionales y asociadas, su posicionamiento anticomunista y su
ambición de readecuar y reformular el Estado» (p.163) para que fuese funcional
a sus intereses corporativos. El inspirador de este grupo fue el maquiavélico
general Golbery de Couto y Silva que ya «en 1962 preparaba un trabajo
estratégico sobre el asalto al poder» (p. 186).
La
conspiración pues estaba en marcha desde hacía bastante tiempo. Aprovechándose
de la confusión política creada en torno a la renuncia del Presidente Jânio
Quadros y de la obstinada oposición al Presidente João Goulart, que proponía
reformas de base y principalmente la reforma agraria, y era considerado por eso
como el portador del proyecto comunista, este grupo vio la ocasión propicia
para realizar su proyecto. Llamó a los militares para dar el golpe y tomar por
asalto el Estado. Fue, por tanto, un golpe de la clase dominante, nacional y
multinacional, usando el poder militar.
Concluye
Dreifuss: «Lo ocurrido el 31 de marzo de 1964 no fue un mero golpe militar; fue
un movimiento civil-militar; el complejo IPES/IBAD y oficiales de la ESG
(Escuela Superior de Guerra) organizaron la toma del poder del aparato del
Estado» (p. 397).
Específicamente
afirma: «La historia del bloque de poder multinacional y asociados empezó el 1º
de abril de 1964, cuando los nuevos intereses se volvieron realmente intereses
del Estado, readecuando el régimen y el sistema político y reformulando la
economía al servicio de sus objetivos» (p. 489). Todo el aparato de control y
de represión era activado en nombre de la Seguridad Nacional que en realidad
significaba la Seguridad del Capital.
Los
militares inteligentes y nacionalistas de hoy deberían darse cuenta de cómo
fueron pérfidamente usados por aquellas élites oligárquicas y anti-populares
que no buscaban satisfacer los intereses generales de Brasil sino alimentar su
voracidad particular de acumulación protegidos bajo el régimen autoritario de
los militares.
La
Comisión Nacional de la Verdad prestaría un servicio clarificador al país si
trajese a la luz toda esta trama. Cumpliría simplemente con su misión de ser
Comisión de la Verdad completa. No solo de la verdad de hechos individualizados
de violencia contra los derechos humanos, sino de la verdad del hecho principal
de la dominación de una clase poderosa, antinacional, asociada a la
multinacional, para bajo la égida del poder arbitrario de los militares
realizar tranquilamente sus objetivos corporativos y excluyentes. Esto nos
costó 21 años de humillación, de privación de la libertad, perpetró asesinatos
y desapariciones e impuso un costoso padecimiento colectivo.
Finalmente,
cabe oír las palabras de la abogada Rosa Cardoso, abogada y defensora de la
prisionera política Dilma Rousseff y hoy integrante de la Comisión Nacional de
la Verdad en una entrevista al Boletín Carta Mayor del 20/02/2014: «Primero
quiero decir que hasta hoy las Fuerzas Armadas deben una petición de perdón a
la sociedad brasilera, con lo cual estarían asumiendo una posición civilizada y
democrática, que es a fin de cuentas lo que se espera de los militares en el
siglo XXI. Lamentablemente hasta ahora no hemos recibido ningún indicio, ningún
mensaje que nos indique que por parte de los militares hay ese deseo de pedir
disculpas y de hacer una autocrítica política sobre su comportamiento». Esta
deuda la tienen con todo el pueblo brasilero y un día deberán saldarla.
Hoy,
primero de abril de 2014, 50 años después del golpe civil-militar, es un día de
llanto por las víctimas de la represión pero también un día de ánimo porque la
crueldad no puede sofocar el sentimiento de dignidad ni abatir los ideales
democráticos que triunfaron y están afirmándose más y más en nuestra conciencia
nacional.
Dedico
este artículo a mi compañero de seminario Arno Preis, lleno de hambre de
justicia, muerto en Paraiso do Norte, GO, el día 15/2/1972.
-Leonardo BOFF/ 4-abril-14
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